La nueva legislación permitirá bloquear operadores ilegales, incorporar controles biométricos y financiar programas de tratamiento para la adicción al juego.
Panamá ha dado un nuevo paso en la modernización de su marco regulatorio para el sector del juego al promulgar la Ley 527 de 2026, una normativa que introduce mayores controles sobre las apuestas digitales, fortalece las facultades de supervisión de las autoridades y establece nuevas herramientas para la prevención de la ludopatía.
La legislación, publicada oficialmente el pasado 28 de mayo, surge en un contexto de crecimiento sostenido de las plataformas de apuestas online y de una creciente preocupación por los riesgos asociados al juego problemático, especialmente entre jóvenes y grupos vulnerables.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley es el fortalecimiento de las competencias de la Junta de Control de Juegos (JCJ) para combatir la oferta ilegal. A partir de ahora, el organismo podrá ordenar el bloqueo, suspensión o restricción de acceso a sitios web, aplicaciones, dominios y direcciones IP vinculadas a operadores que ofrezcan servicios de juego sin licencia vigente en Panamá.
La medida también involucra a los proveedores de internet y operadores de telecomunicaciones, quienes estarán obligados a ejecutar de forma inmediata las órdenes emitidas por la autoridad reguladora. El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones que alcanzan hasta un millón de balboas.
Más herramientas para el juego responsable
La nueva normativa incorpora una serie de requisitos destinados a reforzar la protección de los jugadores. Entre ellos, las plataformas de apuestas deberán implementar sistemas que permitan a los usuarios establecer límites voluntarios de gasto y tiempo de juego, además de emitir alertas automáticas cuando se detecten comportamientos potencialmente riesgosos.
Asimismo, los operadores estarán obligados a adoptar mecanismos de verificación biométrica de identidad y edad con el objetivo de impedir el acceso de menores de edad a los servicios de apuestas y juegos de azar en línea.
En el segmento presencial, los casinos completos y las salas de máquinas tipo A deberán incorporar tecnología de reconocimiento facial dentro de sus sistemas de vigilancia para identificar a personas excluidas del juego por decisión de la Junta de Control de Juegos.
La ludopatía como desafío de salud pública
La Ley 527 también marca un cambio relevante en el enfoque regulatorio del país al reconocer oficialmente la ludopatía como un problema de salud pública.
Como parte de esta estrategia, se creará un fondo especial administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas destinado a financiar programas de prevención, atención y tratamiento a través del Instituto de Salud Mental. Los recursos procederán del 0,5 % de los ingresos anuales que los operadores regulados aportan al Tesoro Nacional.
Adicionalmente, la legislación contempla auditorías anuales a casinos, plataformas digitales y operadores de apuestas para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Educación y prevención
Otro de los pilares de la nueva regulación es la educación preventiva. La ley encomienda al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación el desarrollo de contenidos formativos sobre ludopatía y juego responsable que serán incorporados en centros educativos públicos y privados.
La iniciativa busca generar conciencia sobre los riesgos asociados al juego desde edades tempranas y promover una cultura de prevención dentro del sistema educativo panameño.
Un nuevo escenario para la industria
La aprobación de la Ley 527 posiciona a Panamá entre las jurisdicciones latinoamericanas que están reforzando sus marcos regulatorios frente al crecimiento de las apuestas digitales.
Con mayores exigencias en materia de cumplimiento, protección al consumidor y lucha contra la oferta ilegal, la normativa podría convertirse en un referente para otros mercados de la región que actualmente evalúan mecanismos para equilibrar el desarrollo de la industria con la protección de los usuarios.
El Órgano Ejecutivo contará con un plazo máximo de seis meses para reglamentar la ley y definir los procedimientos específicos para su implementación.
