El mercado peruano de juegos y apuestas online atraviesa una transformación regulatoria sin precedentes en la región, con un impacto directo en la formalización, la trazabilidad del dinero y la supervisión del sistema financiero.

Un estudio reciente de Apuesta Legal, basado en datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), revela que entre 2007 y 2018 las operaciones sospechosas vinculadas a apuestas ilegales sumaron aproximadamente US$ 216 millones (S/ 728,6 millones), periodo que las autoridades han denominado la “época gris” del sector, cuando la mayoría de plataformas operaba fuera de un marco normativo y con limitada fiscalización.

La magnitud de estas cifras se hace aún más evidente al compararlas con otras actividades ilícitas: entre 2014 y 2024, la extracción ilegal de madera acumuló US$ 136 millones, mientras que el tráfico de flora y fauna silvestre alcanzó US$ 5 millones en reportes a la UIF. Incluso antes del auge digital, las apuestas ilegales ya superaban a delitos ambientales como canal de lavado de activos.

Del diagnóstico a la formalización: impacto fiscal y mayor trazabilidad

La transformación comenzó con la expansión de las apuestas online y la respuesta del Estado. Con la Ley N.º 31557 de 2022, Perú inició un proceso de formalización que convirtió flujos antes opacos en transacciones plenamente trazables.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), entre enero y noviembre de 2025 la recaudación por impuestos a juegos y apuestas a distancia alcanzó S/ 419,5 millones (aprox. US$ 112 millones), de los cuales S/ 91,4 millones provinieron únicamente del segmento digital, reflejando el impacto fiscal directo de la regulación.

El cambio también fortaleció la supervisión financiera. Para agosto de 2024, la UIF reportó 16.306 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), impulsados por la incorporación de nuevos sujetos obligados, incluyendo casas de apuestas online y operadores de activos virtuales.

Nuevas reglas y control en tiempo real

En octubre de 2025, la Resolución SBS Nº 03622-2025 consolidó el marco de prevención de lavado de activos en el sector online, introduciendo:

• Umbral de reporte: obligación de informar cualquier operación superior a US$ 2.500 (S/ 8.900).
  
• Plazo de alerta: envío de ROS máximo en 24 horas.
  
• Fiscalización directa: el MINCETUR adquirió poder sancionador para verificar cumplimiento de protocolos antilavado.
  

Para mayo de 2025, el Estado autorizó 60 plataformas bajo el nuevo marco legal, garantizando que el 100% de sus transacciones sea auditable, frente al periodo 2007–2018, cuando gran parte del mercado operaba fuera del radar oficial.

De la “época gris” a un modelo estructural

El caso peruano demuestra una transición clara: de un mercado opaco dominado por operaciones difíciles de rastrear, a un sistema basado en formalización, trazabilidad y fiscalización activa. Los datos históricos no solo ilustran el pasado, sino que evidencian el riesgo estructural que llevó al Estado a rediseñar por completo su estrategia frente al lavado de activos.

Este modelo puede servir de referencia para otros países de la región que aún no cuentan con un marco regulatorio integral para el iGaming, mostrando cómo la formalización incrementa la capacidad de control, reduce la opacidad y fortalece la supervisión del mercado.